Caso de tortura contra Yefri Peña, mujer trans peruana, será llevado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

  • En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el caso de Yefri Peña Tuanama llegará al órgano de expertos independientes de la ONU que vigila el ejercicio de los derechos civiles y políticos en sus Estados Partes.

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH y Synergía – Iniciativa por los Derechos Humanos presentarán ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el caso de Yefri Peña Tuanama, una mujer trans que fue torturada física, psicológica y verbalmente por cinco desconocidos, ante la presencia de dos efectivos policiales que se negaron a prestarle auxilio, debido a su expresión e identidad de género.

Una noche de octubre del 2007, cuando regresaba a su casa luego de trabajar como promotora de salud sexual en el distrito de Ate-Vitarte (Lima, Perú), Yefri fue brutalmente atacada por cinco sujetos, quienes la golpearon e insultaron. Ella logró huir y buscó ayuda en un puesto de vigilancia policial. Los agentes se negaron a socorrerla y Yefri fue encontrada nuevamente por sus agresores, quienes le infligieron golpes y cortes en su cuerpo y rostro. Los agresores solo se detuvieron cuando pensaron que Yefri estaba muerta. Por la magnitud del ataque, Yefri estuvo en semicoma por un mes, incapaz de valerse por sí misma y bajo los cuidados de su madre y una amiga.

Tras estos acontecimientos, se inició un proceso legal en el que los agentes policiales implicados fueron sancionados por un delito en agravio del Estado y Yefri solo fue considerada como testigo y no como agraviada, por lo que no obtuvo reparación alguna. Con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, Yefri presentó en el 2015 una denuncia por tortura contra dichos agentes de policía. Luego de tres años de investigaciones, el Ministerio Público declaró que los hechos no constituían una tortura (solo lesiones graves) y el Poder Judicial declaró la prescripción penal del caso. Hasta la fecha, no se conoce la identidad de los agresores de Yefri, quienes siguen en libertad.

“Esperamos que el Comité declare la responsabilidad del Estado peruano por la falta de investigación adecuada y oportuna de los hechos en contra de Yefri, por la inexistencia de una sanción adecuada a los autores y por la ausencia de una reparación integral para los daños físicos y morales causados a Yefri. Además, esperamos que instruya al Estado peruano para adoptar medidas integrales de reparación y políticas públicas que, en el futuro, prevengan hechos similares”, declaró Gabriela Oporto Patroni, abogada y coordinadora de Litigio Estratégico de Promsex.

“Este caso permite profundizar en lo que significa la violencia basada en género para las mujeres trans en nuestra región y en el mundo. El Comité tiene la oportunidad de avanzar en el análisis interseccional para promover los estándares internacionales en la materia”, declaró Mirta Moragas, abogada y Directora de Políticas e Incidencia de Synergía, Iniciativas por los derechos humanos.

#JusticiaParaYefri

Lima, 25 de noviembre del 2020

 

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Source: AOE

Promsex, Centro Ideas y ADIMTA inauguran Centro de Orientación Comunitaria en Tambogrande

  • Establecimiento será inaugurado este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

El Centro de Orientación Comunitaria (COC) de Tambogrande es un espacio creado por y para la comunidad y tiene como objetivo principal brindar acompañamiento y asesoría a mujeres, personas LGBTI, niños, niñas y adolescentes para que accedan a servicios públicos en salud, seguridad social, protección, entre otros.

El COC de Tambogrande ha sido implementado gracias a Promsex y Centro Ideas, y a la colaboración de importantes aliados estratégicos como el Municipio de Tambogrande, la Comisión Regional contra la Trata de Personas, y la Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande (ADIMTA).

“La pandemia ha traído numerosos desafíos para la administración pública, en particular para la atención de servicios públicos básicos como salud o educación. Por ello, es de suma importancia que los actores locales se encuentren articulados y fortalecidos para lidiar con situaciones de desigualdad y para responder eficazmente ante casos de violencia de género”, señalaron representantes de Promsex.

La inauguración del COC tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre, vía Zoom. El evento contará con tres momentos: una mesa inaugural, en la que se discutirá sobre la importancia de un espacio de orientación comunitaria en la localidad; un acto simbólico a cargo de integrantes de la ADIMTA, quienes también formaron parte del equipo de promotoría comunitaria del COC; y una presentación sobre la estrategia de intervención del COC, su metodología y las futuras actividades a desarrollar.

Si desea inscribirse a la inauguración, complete este formulario: https://forms.gle/rsvBWpKnUh3PDwyB7

Si desea conectarse al evento en Zoom, ingrese aquí:  https://zoom.us/j/91666894718

Lima, 23 de noviembre del 2020

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Source: AOE

El contexto de crisis política y sanitaria en el país no debe restringir el derecho a la salud ni a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas

Las organizaciones sociales e instituciones abajo firmantes mostramos nuestra profunda preocupación por la crisis de legitimidad política ocasionada por el Congreso de la República a través de un proceso de vacancia presidencial.

Nuestra situación de alerta ciudadana se agudiza, pues como país enfrentamos los efectos de una crisis sanitaria que pone de luto y en situación de vulnerabilidad a millones de ciudadanas y ciudadanos a lo largo del país.

Frente al actual contexto, las organizaciones que integramos la Mesa de Vigilancia Ciudadana en Derechos Sexuales y Reproductivos exigimos:

  • Garantizar los derechos humanos, los compromisos internacionales firmados por el Estado peruano, así como el marco normativo nacional que protegen la institucionalidad democrática, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la implementación de las políticas públicas, respetando el carácter laico de nuestro país.
  • Garantía de un Estado constitucional laico que respete el derecho a la salud de todas las personas sin ningún tipo de discriminación y en especial la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes; de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales en tanto grupos vulnerables.
  • Priorizar la agenda sanitaria del país, garantizando el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva, esenciales durante y después de la pandemia.

Rechazamos cualquier retroceso en relación con:

  • La continuidad en la provisión de insumos de salud sexual y reproductiva tales como métodos anticonceptivos modernos, incluida la Anticoncepción Oral de Emergencia.
  • El acceso de las mujeres y niñas al Aborto Terapéutico, en situaciones en las que su vida o su salud física o mental esté en riesgo, de acuerdo con la normatividad vigente.
  • La aplicación del Protocolo de Acción Conjunta entre los Establecimientos de Salud y los Centros de Emergencia Mujer, y de la Norma Técnica para el Cuidado Integral a Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar afectados por Violencia Sexual; que incluye la entrega del Kit de Emergencia y el acceso al aborto terapéutico a las víctimas de violación sexual.
  • El acceso de las y los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva y a una Educación Sexual Integral laica y científica.
  • La inclusión del enfoque de género en el currículo escolar vigente.

Finalmente, pedimos a la ciudadanía en general y a las organizaciones sociales y gremiales, mantenernos vigilantes y en movilización permanente frente a posibles transgresiones al orden constitucional y cualquier vulneración a los derechos humanos.

Lima, 13 de noviembre 2020

AGTR La Casa de Panchita, Amnistía Internacional Perú, APROPO, APROPO Joven, Articulación de Lesbianas Feministas, Asociación Feminista por la Diversidad Sexual y la Igualdad de Género, Asociación LADECOM, Ayni Desarrollo, CIISSS, Campaña Convención DSR Perú, Católicas por el Derecho a Decidir Perú, Chirapaq, CMP Flora Tristán, Centro Ideas Piura, Féminas, FORDES Arequipa, Foro Salud, FOS Perú, INPPARES, INSAP, Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano (IESSDEH), Asociación Kallpa, Mesa de Concertación de Género de Comas, Movimiento Manuela Ramos, Observatorio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad (ODISEX Perú), Old Dart Foundation, Plan International, PPGlobal Perú, PROMSEX, Red Interquorum, Red Peruana TLGB, Red Nacional de Promoción de la Mujer, Serena Morena, Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG), Vermell.

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Source: AOE

A pesar de la sentencia del Poder Judicial, persiste la obligación del Ministerio de Salud para distribuir de manera libre y gratuita la anticoncepción oral de emergencia (AOE)

En el 2019, el Primer Juzgado Constitucional de Lima emitió en primera instancia una sentencia que declaró como discriminatoria la decisión tomada por el Tribunal Constitucional el 2009, que prohibía al Ministerio de Salud (Minsa) la distribución gratuita de los anticonceptivos orales de emergencia (AOE) en sus establecimientos, pues generaba una barrera en el acceso a la AOE para las mujeres con menos recursos económicos.

En el marco de este proceso, el año 2016, el Primer Juzgado Constitucional de Lima emitió una medida cautelar en la que ordenó al Minsa la distribución de la AOE en tanto se resuelve el proceso de amparo. Recordamos que esta medida cautelar sigue vigente y, por lo tanto, persiste la obligación del Minsa de distribuir la AOE a las usuarias que así lo requieran.

El 30 de octubre del 2020, la Primera Sala Civil de Lima decidió revocar la sentencia emitida por el Primer Juzgado Constitucional de Lima el 2019 tras una apelación de la ONG católica “ALA Sin Componenda”.

Desde la Mesa de Vigilancia de Derechos Sexuales y Reproductivos expresamos nuestra profunda preocupación por la medida emitida por la Primera Sala Civil, conformada por las magistradas: Emilia Bustamante Oyague, Luz Echevarría Gaviria y Pilar Encinas, debido a que  vulnera los derechos humanos fundamentales de las mujeres y se ha tomado sin tener en cuenta los tratados internacionales vinculantes que comprometen al Estado peruano a garantizar la salud de las niñas, adolescentes y mujeres, entendida como “el máximo estado de bienestar” según lo que menciona la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En tanto el Tribunal Constitucional conozca el caso y emita una nueva sentencia, demandamos al Ministerio de Salud a cumplir con la medida cautelar y garantizar a todas las mujeres, sin ninguna discriminación, el acceso a la AOE.

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales. El acceso libre y gratuito a los anticonceptivos y a la AOE es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, pues permite garantizar la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma, con responsabilidad y sin verse sujetos a la coerción, discriminación o violencia.

Lima, 5 de noviembre 2020

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Source: AOE

#ProtegerlasYa: conoce la campaña latinoamericana que propone lineamientos para la atención de niñas embarazadas

  • Se difunde un documento clave para el diseño de protocolos de atención integral de menores de 15 años en los países de Latinoamérica.
  • Entidades públicas y privadas, así como todas las personas y profesionales de la salud, educación y justicia que atienden a niñas en la región; pueden acceder gratuitamente los lineamientos a través de la web protegerlasya.com.

Lima, 3 de noviembre de 2020. – En Latinoamérica, la única región del mundo con tendencia ascendente de embarazos de menores de 15 años1, el contexto de pandemia y confinamiento ha provocado que se visibilice más la violencia sexual que sufren miles de niñas y adolescentes: en Colombia, se notificó casi 22 casos en promedio de abuso sexual contra niñas por día desde el inicio de la cuarentena hasta fines de junio2; los embarazos en personas de 10 a 14 años aumentaron en 79.16 % entre abril y junio en El Salvador3; y en Perú, hasta septiembre de este año, se registró el cuádruple de embarazos de niñas menores de 10 años en comparación con el 20194. A esto se suma la reducción en los servicios de salud reproductiva (del 50 %, según IPAS) en la mayor parte de los países, debido a la priorización de la atención del COVID-19 en los establecimientos de salud.

Sin embargo, el abuso que provoca el embarazo de niñas y adolescentes no es circunstancial y seguirá ocurriendo si no se toman medidas urgentes. Por ello, el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro -CLACAI-, con el respaldo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología –FLASOG-; ha lanzado la campaña regional #ProtegerlasYa, que da a conocer los Lineamientos para el diseño de un protocolo de atención de niñas y adolescentes menores de 15 años con embarazo no intencional, un documento clave y de consulta urgente para los Estados y todas las personas y profesionales de la salud, educación y justicia que atienden a niñas en la región.

La campaña #ProtegerlasYa, que tiene como objetivo ejercer presión para la implementación de políticas a favor de la atención de las niñas en la región, muestra la historia de “Luz”, el caso de una niña de 13 años que, aunque ficticio, está inspirado en millones de realidades de Latinoamérica, como las historias reales de “Fátima”, “Norma” y “Camila”, casos emblemáticos de Guatemala, Ecuador y Perú, respectivamente5. “Luz” es abusada por la pareja de su madre y, al salir embarazada, no es atendida debidamente ni en la escuela ni en el centro de salud. Pierde el caso de denuncia de abuso y ahora, abandonando su educación y en condiciones precarias, vive con su hija y apoyando a su madre en el trabajo diario.

Puedes ver la animación de #ProtegerlasYa, por el derecho a seguir creciendo, aquí:

Junto al video, y con el fin de estimular la campaña en redes sociales, se ha dispuesto una serie de recursos visuales para compartir e instancias de participación activa en el sitio web www.protegerlasya.com, que incluye inscripción de voluntarios y activistas sensibles al tema, en especial aquellos cercanos al ámbito de trabajo de la educación, la salud pública y la justicia, con el fin de ampliar la red de profesionales y técnicos comprometidos con esta problemática. Todo se encuentra resumido y organizado en un kit de activación, ubicado en la mencionada página web y disponible para todas las personas interesadas.

Un instrumento para transformar y protegerlas

Susana Chávez, Secretaria Ejecutiva de CLACAI, explica que el documento de lineamientos -que puede ser consultado de forma gratuita a través de la web www.protegerlasya.com-, tiene como propósito llenar un vacío, pues aún son muy pocos los Estados de la región que disponen de políticas específicas para este grupo de edad y frente a situaciones tan adversas. “El documento habla sobre el fenómeno y la necesidad de erradicar las profundas desigualdades que afectan a niñas y adolescentes, y vulneran sus derechos; así como de la atención integral de las niñas: educación, escuela; detección temprana del embarazo, aborto seguro, atención oportuna y de calidad en emergencia, y el seguimiento y reparación del daño, que no se realiza en nuestros países; y busca contribuir en el desarrollo de guías y protocolos de atención que resguarden garantías mínimas de protección de derechos humanos y de estándares de calidad en los servicios a niñas y adolescentes menores de 15 años con embarazo no intencional”, explica.

Si bien hay países en la región, como Argentina, Colombia y Uruguay, donde existen políticas públicas para la atención del embarazo en niñas menores de 15 años, según Nina Zamberlin, Oficial Principal de Programas de IPPF, aún hay muchos vacíos en la protección integral de este grupo etario tan vulnerable y complejo; de ahí se desprende la importancia de un documento como los lineamientos de #ProtegerlasYa, que abarca la situación desde sus distintos aspectos:

  • La articulación con el sistema educativo para la permanencia o reinserción escolar de la niña o adolescente.
  • También con las distintas instancias de encargados de la protección de las niñas, así como el seguimiento integral y atención psicosocial,
  • La continuidad del tratamiento de salud mental en las situaciones de violencia,
  • La observancia de la situación de delito en caso de abuso para la presentación de la denuncia penal correspondiente.
  • El acceso a la atención sexual y reproductiva e interrupción legal del embarazo (ILE).

“Esperamos que este documento sirva para inspirar y orientar a quienes tienen un compromiso para aliviar y resolver este gravísimo problema que afecta muy gravemente la vida de las niñas y adolescentes de la región latinoamericana. Y también esperamos que contribuya a sensibilizar a quienes todavía no se acercaron al problema para que se sumen a los esfuerzos que deben encararse con urgencia”, finaliza Chávez.

Para acceder a los lineamientos y sumarte a la campaña, puede ingresar a www.protegerlasya.com y seguir la conversación a través del hashtag #ProtegerlasYa y las redes sociales de CLACAI.

 #ProtegerlasYa en línea:

Sobre CLACAI

Formado en el 2006, el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro -CLACAI-, Es una articulación integrada por activistas, investigadores/as, proveedores/as de servicios de salud y profesionales que contribuye a la disminución del aborto inseguro en Latinoamérica. Promueve el acceso a la información y a tecnologías modernas y seguras en el marco del pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y equidad.

Referencias 

  1. Vidas robadas: Un estudio multipaís sobre los efectos en la salud de las maternidades forzadas en niñas de 9–14 años”, 2016. https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ESP-EMBARAZO-ADOLES-14febrero%20FINAL_5.PDF.
  2. “La pandemia está poniendo a las niñas latinoamericanas en riesgo de embarazo y abuso, dicen los expertos”, agosto del 2020. https://www.globalcitizen.org/es/content/latin-american-girls-at-risk-of-pregnancy/.
  3. “Embarazos en niñas de 10 a 14 años aumentan 79.16% en tres meses, según MINSAL”, agosto de 2020. https://arpas.org.sv/2020/08/embarazos-en-ninas-de-10-a-14-anos-aumentan-79-16-en-tres-meses-segun-minsal/.
  4. Reporte de recién nacidos en los años 2019 -2020 del Sistema de Registro del certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud del Perú. En “Niñas madres: la emergencia suspendida por la pandemia”, septiembre de 2020. https://ojo-publico.com/2139/ninas-madres-la-emergencia-suspendida-por-la-pandemia.
  5. https://www.ninasnomadres.org/historias.php

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Source: AOE

[PRONUNCIAMIENTO] Poder Judicial atenta contra niñas y mujeres pobres o víctimas de violencia sexual

  • Decisión de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima traba distribución gratuita de la  Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE)

Desde Promsex, expresamos nuestro profundo rechazo a la reciente decisión en segunda instancia del Poder Judicial que impide al Ministerio de Salud (Minsa) distribuir gratuitamente la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE). Esta decisión, que será impugnada por Promsex para que el caso sea elevado al Tribunal Constitucional, es consecuencia directa del quehacer de ALA Sin Componenda, organización abiertamente contraria al reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Como se recordará, en el año 2009, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que prohibía la distribución gratuita de la AOE, pero no su venta en farmacias privadas. Con ello, generó una situación de discriminación en perjuicio de las mujeres más pobres y de las víctimas de violencia sexual.

Ante esta situación, Promsex interpuso una demanda de amparo para revertir esta situación y, en 2016, obtuvo una medida cautelar que temporalmente obligaba al Minsa a distribuir la AOE. En julio del 2019, un juzgado de primera instancia emitió una decisión favorable, la que fue apelada por ALA Sin Componenda y ha resultado en esta decisión de segundo grado que afecta los derechos de las mujeres más pobres, pues deja sin efecto la obligación del Estado de hacer accesible la AOE a través de los servicios de salud del Minsa.

Consideramos absurda esta decisión porque desconoce las situaciones generadas por el retroceso que hemos tenido en el acceso a métodos anticonceptivos durante el 2020 debido a la pandemia del COVID-19 y, además, genera incertidumbre respecto a la distribución del kit de emergencia, que es una herramienta muy importante para la atención oportuna a las victimas de violación y para la prevención de embarazos forzados.

Esta decisión es un golpe más de un Poder Judicial que no protege las vidas de mujeres, adolescentes o niñas, sino que instala y hace legal la discriminación.

Lima, 2 de noviembre de 2020

Promsex
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos

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Source: AOE

[PRONUNCIAMIENTO] Despenalización del aborto en casos de violación en niñas menores de 14 años

Promsex saluda que desde el ejecutivo (Ministerio de Justicia) se haya propuesto la despenalización del aborto en casos de violación en niñas menores de 14 años, y en esa misma línea queremos señalar e instar la urgencia de que el Congreso discuta esta medida ampliando a todos los casos de violación y malformaciones graves congénitas, consideramos que esta es la oportunidad para que el tema se discuta a nivel congresal.

Frente a ello consideramos que despenalizar el aborto en casos de violación es una medida urgente por las siguientes razones:

  1. Desde hace muchos años en el Perú venimos esperando una decisión del Congreso de la República, que no se ha querido tomar ni discutir, a pesar de que 11 mujeres y niñas son víctimas de violación cada día, las mismas que cuando tienen la desgracia de embarazarse deben asumir este problema en la clandestinidad o verse obligadas a un embarazo que no desean, tal como ocurre con al menos 1500 niñas menores de 14 años.
  2. El aborto por razones de salud, que debe brindarse a las víctimas de violación sexual, todavía es muy restringido. En la mayoría de regiones no se provee este servicio y en Lima solo unos cuantos hospitales lo brindan, a pesar de ser una intervención segura de bajo riesgo y bajo costo.
  3. La despenalización del aborto por violación sexual, es un avance importante y es parte de la reparación urgente que están esperando muchas niñas y mujeres. Esto no desdice la necesidad de avanzar también hacia un debate más amplio, pues cada vez más se reconoce que la imposición de un embarazo no deseado constituye la violación de derechos humanos de las mujeres y está considerado como tortura.

Instamos al Congreso y al Ejecutivo a reconocer que el aborto no es un delito sino un grave problema de salud pública, el mismo que debe ser atendido dentro de una perspectiva integral de salud reproductiva como parte de sus responsabilidades, para garantizar su pleno ejercicio en el marco del derecho a la salud.

Lima, 22 de octubre de 2020

Promsex
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos

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Source: AOE

El caso de Camila, una niña indígena abusada sexualmente que enfrentó un embarazo forzado, llega al Comité de Derechos del Niño de la ONU

  • Es la primera vez que un caso de abuso sexual a una niña peruana es presentado a esta instancia internacional, de la mano de Promsex.
  • El Estado peruano ya ha sido sancionado en dos ocasiones anteriores en otros Comités de la ONU por haberse negado a brindar información y acceso al aborto terapéutico a dos niñas que lo solicitaron.

Camila vivía en una zona rural del Perú junto a su padre, un trabajador del campo y su madre, una persona quechuahablante con una discapacidad severa. Cuando tenía trece años, su padre abusó sexualmente de ella y quedó embarazada. Ante las autoridades policiales, Camila reveló que su padre la había estado violando durante al menos cuatro años. La Fiscalía ordenó la detención preliminar de su agresor y en mayo del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua.

En el 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 1303 nacimientos de madres menores de 15 años. Las niñas entre 10 y 14 años tienen 4 veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta (SIS). Un estudio regional de Planned Parenthood Global señaló que el 24% de niñas entre 9 y 14 años que pasaron por un embarazo forzado había tenido complicaciones alrededor del momento del parto, como hemorragias e infecciones.

 

Persecución injustificada

Preocupada por la salud de Camila, su madre solicitó la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto terapéutico es un procedimiento médico legal en el Perú desde 1924 y se aplica en casos que la vida o la salud de la gestante se encuentra en riesgo. De acuerdo con la guía que establece pautas para la atención de estos casos, la respuesta debió llegar en seis días como máximo. Sin embargo, el hospital nunca le informó que tenía el derecho de interrumpir su embarazo y peor aún, nunca respondió a la solicitud. Inclusive, condicionó el servicio a la presentación de un informe médico y de una ecografía, exámenes que debieron realizarse en el mismo hospital. A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea.

Días después, una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales. Este hecho aumentó la presión social sobre Camila, ya que vecinos de su comunidad preguntaban por lo sucedido y realizaban comentarios humillantes sobre su comportamiento.

Luego del aborto espontáneo sufrido por Camila, la representante del Ministerio Público tomó conocimiento de lo sucedido y, basándose únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes, en la que dijo que no quería tener al niño, decidió denunciarla por el delito de “autoaborto”, que contempla la mayor pena en la legislación peruana para casos de aborto. Se le consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias revictimizantes. A pesar de que el agresor había reconocido su responsabilidad, Camila pasó de víctima a victimaria, siendo ella la investigada por cometer una infracción a la ley penal y perseguida por el sistema de justicia.

 

#JusticiaParaCamila

Así como a Camila, a miles de niñas violadas se les impone un embarazo y maternidad forzadas que ponen en riesgo su vida y su salud física, mental y emocional, afectando de ese modo sus posibilidades de un futuro en el que pueda desarrollarse y lograr sus sueños.

“El caso de Camila es un patrón del Estado. Esas falencias son una serie de vulneraciones horribles que no solo ha vivido Camila. A pesar de que al Perú se le ha recomendado aplicar la normativa en el tema de aborto, esperamos que el Estado aplique un enfoque de niñez e interculturalidad, sobre todo para víctimas de violencia sexual. Ellas necesitan una atención eficaz, de calidad y rápida, no una persecución penal ni más violencia”, explicó Claudia Castro, abogada y asesora del área de Litigio Estratégico de Promsex.

Promsex asumió la defensa de Camila e inició una serie de procesos judiciales y administrativos que lograron que quede libre de la persecución en su contra. Agotados los recursos judiciales internos, el caso llega al Comité de los Derechos del Niño de la ONU de la mano de Promsex, Planned Parenthood Global y con el respaldo del Centro de Derechos Reproductivos y el movimiento #NiñasNoMadres. Camila busca justicia para que ninguna niña, en Perú o América Latina, tenga que vivir de nuevo esta situación y que el Estado peruano asuma su responsabilidad de repararla integralmente, cumplir con la provisión de aborto terapéutico y desarrollar lineamientos que garanticen la atención integral de las niñas en situación de embarazo producto de violencia sexual.

“Lo sucedido en el caso Camila es solo una muestra de cómo, a pesar de que el Estado ya ha sido interpelado por instancias internacionales en casos similares como el de L.C., hasta hoy sigue sin establecer estándares judiciales y de salud adecuados, para que las niñas no sean revictimizadas cuando son víctimas de violencia sexual y necesitan acceder a servicios de salud que puedan garantizarles su derecho a una adecuada atención, en el marco de la Guía de atención del protocolo de aborto terapéutico. El Estado sigue teniendo una deuda pendiente con todas ellas”, señala Rossina Guerrero, directora de Programas de Promsex.

Lima, 12 de octubre del 2020

#JusticiaParaCamila

#NiñasNoMadres


Para más información sobre el embarazo forzado en niñas en Perú, descargue el brochure “Niñas no madres”.

Para coordinar una entrevista sobre el caso Camila, llamar a Luis Yáñez, asesor de Comunicaciones de Promsex, al teléfono +51 956 333 969 o escribir al correo: luis@promdsr.org

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Source: AOE

Promsex participará en audiencia pública sobre violencia sexual, embarazos forzados y acceso a servicios de salud en el contexto COVID-19 ante la CIDH

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) participará este viernes 8 de octubre de la audiencia pública “Violencia sexual, embarazos forzados y acceso a servicios de salud en el contexto de la pandemia del COVID-19”, que tendrá lugar durante el 177° Periodo de Sesiones Virtuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta audiencia permitirá abordar una problemática preexistente antes de la pandemia: la violencia sexual contra niñas y adolescentes y los embarazos forzados en América Latina y el Caribe. Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta es la única región en el mundo donde los partos de niñas menores de 14 años están en aumento y es la región con mayor tasa de embarazos no deseados de niñas menores de 15 años, la mayoría de ellos resultado de violencia sexual.

Por otro lado, será una excelente oportunidad para que la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (Sacroi COVID-19) conozca de cerca el impacto que la pandemia ha provocado sobre los derechos fundamentales de mujeres y niñas, sobre todo en el incremento de la violencia sexual al interior de los hogares, la ausencia de rutas efectivas de denuncia y atención integral para las víctimas y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

En el Perú, se registraron 1303 nacimientos de madres menores de 14 años durante el 2019 (CNV Minsa). Durante la cuarentena, 358 niñas menores de 15 años se han convertido en madres y se han registrado al menos 350 casos de violencia sexual contra niñas. Adicionalmente, en diversas regiones del país se ha reportado casos en los que se ha comprobado el desabastecimiento de métodos de planificación familiar, de anticonceptivos de emergencia y de kits de emergencia para sobrevivientes de abuso sexual.

“Ante este alarmante panorama, los Estados deben adoptar con urgencia medidas para asegurar que ninguna niña continúe siendo robada de su infancia y futuro por ser víctima de violencia sexual y por ser sometida a un embarazo forzado. En particular, este contexto exige que la adopción de medidas urgentes para garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad, la salud, la no discriminación y libre desarrollo de todas las niñas de la región, con base en medidas de prevención, acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva y acceso a la información, la educación integral y canales de denuncia y control”, señalan las organizaciones peticionarias en su solicitud de audiencia.

Además de Promsex, este grupo está conformado por: Asociación de Mujeres Axayacatl ‐ Nicaragua (AXAYACATL), Mujeres Transformando el Mundo‐ Guatemala (MTM), Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva ‐ Guatemala (OSAR), Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos‐ Ecuador (SURKUNA), Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés) y Planned Parenthood Global (PPG).

Lima, 07 de octubre del 2020

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Source: AOE

Más de 500 organizaciones y académicos alrededor del mundo demandan al FMI dejar de promover políticas de austeridad para el periodo de recuperación del Coronavirus

Más de 500 organizaciones y académicos de 87 países, incluyendo PROMSEX, han emitido esta declaración hoy, demandando al Fondo Monetario Internacional (FMI) dejar de promover políticas de austeridad y que, por el contrario, defienda políticas que promuevan la justicia de género, reducción de las desigualdades y que pongan de manera decisiva a las personas y al plantea en primer lugar.

El FMI ha comenzado a comprometer a algunos países en préstamos de largo plazo condicionados por políticas de austeridad, y alentando al mismo tiempo a tomar este tipo de medidas de recuperación a través de sus paquetes de financiamiento de desembolso rápido. Estas políticas profundizan las desigualdades económicas y de género y menoscaban cualquier oportunidad hacia una recuperación inclusiva, en particular cuando se prevé que los países del Sur necesitarán pronto un mayor financiamiento de largo plazo.

La declaración es emitida antes de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial que inician la próxima semana (del 12-18 de Octubre).

DECLARACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes, hacemos un llamado al FMI para que deje inmediatamente de promover políticas de austeridad en todo el mundo y que, por el contrario, defienda políticas que promuevan la justicia de género,
reduzcan la desigualdad y pongan de manera decisiva a las personas y al planeta en primer lugar.

En nuestra preocupación por la capacidad de los gobiernos para cumplir con la realización de los derechos humanos y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, expresamos nuestra mayor alarma por las recomendaciones del FMI para que los países retornen a la austeridad una vez que la crisis actual llegue a su fin. Esta pandemia ha puesto al descubierto las repercusiones irreparables de inversiones sistemáticamente débiles en salud, educación y protección social, siendo quienes más las sufren las poblaciones marginadas, incluidas las mujeres, las personas mayores, las minorías raciales y étnicas, los trabajadores informales y las familias de bajos ingresos. Esta crisis también ha revelado la contracción de las clases medias y el agravamiento de la brecha entre ricos y pobres.

El FMI ha hablado repetidamente de la necesidad de una recuperación justa y ecológica. Ha resaltado que la desigualdad económica y de género, el cambio climático y la mala gobernanza pueden debilitar el crecimiento y socavar la estabilidad. En los últimos años, desarrolló una guía operativa para su personal sobre cómo incorporar el análisis de género y desigualdad económica en su trabajo y aprobó un marco macroeconómico para el gasto social. Todo esto sugería que el FMI estaba dispuesto a utilizar su influencia y autoridad para ayudar a los países a reducir la desigualdad.

Sin embargo, a pesar de esta retórica y sus propias advertencias sobre la profundización de la desigualdad, en los últimos meses el FMI ya ha comenzado a comprometer a varios países en nuevos programas de préstamos a largo plazo condicionados por políticas de austeridad. Más allá de la condicionalidad en estos programas recientes, observamos que una cantidad significativa de los paquetes de financiamiento de emergencia COVID-19 del FMI contienen lenguaje que promueve la consolidación fiscal en la fase de recuperación. Y con los gobiernos actualmente mostrando dificultades para pagar crecientes servicios de deuda y ante la expectativa de seguir necesitando niveles extraordinarios de financiamiento externo en los próximos años, los programas de préstamos del FMI y las condiciones que los acompañen, jugarán un papel muy influyente en la configuración del panorama económico y social en las secuelas de esta pandemia.

La austeridad impulsada por la consolidación fiscal solo agravaría la pobreza y la desigualdad y socavaría el logro de derechos económicos y sociales. Las propias investigaciones del FMI corroboran esto. Una y otra vez, la consolidación fiscal rígida y rápida condicionada por los programas del FMI ha significado recortes devastadores en las inversiones en salud y educación, pérdidas de pensiones y políticas de protección social ganadas con mucho esfuerzo, congelamiento de salarios públicos, despidos y exacerbación de la carga del trabajo del cuidado no remunerado. En todos los casos, son las personas más vulnerables de las sociedades las que cargan la peor parte de estas reformas, mientras que la élite, las grandes corporaciones y los acreedores disfrutan de los beneficios. Aparte de sus impactos directos, la consolidación fiscal no garantiza la recuperación económica y la creación de nuevos puestos de trabajo, y la rápida consolidación podría, en cambio, profundizar la recesión. Tampoco generará una transición justa hacia economías resilientes al cambio climático.

En lugar de recortes de austeridad, es fundamental crear espacio fiscal y dar a los gobiernos el tiempo, la flexibilidad y el apoyo para lograr una recuperación sostenible, inclusiva y justa. Se necesitan medidas inmediatas y urgentes para respaldar la salud financiera de los países a través de donaciones y otro tipo de financiamiento altamente concesional, el apoyo a la cancelación y reestructuración de la deuda y la emisión de una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro. Sin embargo, los esfuerzos de recuperación a mediano y largo plazo deben continuar promoviendo un mayor espacio fiscal y de políticas que permitan un aumento, en lugar de una disminución, del gasto social y políticas fiscales progresivas que recauden suficientes ingresos y redistribuyan la riqueza de una manera justa.

Esto implica evaluar sistemáticamente los impactos de las reformas de la política fiscal sobre las desigualdades económica y de género, y rechazar aquellas que tengan impactos sociales negativos. Implica negociar acuerdos de forma transparente con aportes de una serie de partes interesadas, incluida la sociedad civil, a través del diálogo social nacional. Implica recomendar y promover reformas fiscales progresivas, como los impuestos sobre la riqueza y sobre el exceso de utilidades de las grandes corporaciones, combatiendo de forma contundente la evasión y elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Implica también apoyar sistemáticamente a los gobiernos para que reestructuren sus deudas y así puedan priorizar las inversiones en servicios públicos de calidad.

La economía mundial se encuentra en una encrucijada entre próximas décadas de austeridad y crisis de deuda, o la adopción de un marco macroeconómico compatible con la lucha contra la desigualdad, la búsqueda de la justicia climática, la consecución de los derechos humanos y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con miras a las Reuniones Anuales del FMI en 2020, exhortamos a esta institución a apartarse de los errores del pasado y cierre para siempre el oscuro capítulo sobre las políticas de austeridad condicionadas del FMI.


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Source: AOE