AOE EN PERÚ

AOE en Perú

¿Qué es lo que pasó con la anticoncepción oral de emergencia?

Desde que la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) se incorporó a la oferta de planificación familiar en el año 2001, se ha tenido que exigir el cumplimiento de su distribución en los servicios de salud.

Luego de años de incumplimiento por parte del Ministerio de Salud (Minsa). Tras un proceso que terminó en el Tribunal Constitucional (TC), este organismo señaló, en una sentencia de 2006, que la AOE era un método anticonceptivo y que el Minsa debía garantizar su distribución. Sin embargo, la ONG católica ALA Sin Componenda inició otro proceso legal contra el Minsa, para detener la distribución de la AOE, que también llegó al TC.

En 2009, este organismo cambió su posición en una sentencia regresiva y prohibió al Minsa la distribución de la AOE en los servicios de salud, obviando la evidencia científica presentada por muchas organizaciones nacionales e internacionales durante el proceso.

En el año 2016, el Primer Juzgado Constitucional de Lima emitió una medida cautelar, solicitada por Promsex, para que el Ministerio de Salud (Minsa) distribuya la AOE mientras el caso no tenga una sentencia final; así mismo, este mismo juzgado en 2019 valorando la evidencia científica se pronunció favorablemente ordenando al Minsa que reponga la AOE.

Sin embargo, tras una apelación de la ONG católica ALA Sin Componenda, la Primera Sala Civil de Lima declaró improcedente la demanda por considerar que debía ser el Tribunal Constitucional (TC) quien se pronuncie. Sin embargo, gracias a la medida cautelar concedida por el juzgado de primera instancia, el Ministerio de Salud mantiene la obligación de garantizar la distribución gratuita de la AOE a nivel nacional..

Ahora, el TC tiene la última decisión en el juicio que inició ALA Sin Componenda contra el Minsa para evitar la distribución de la AOE. Será la Segunda Sala del TC, integrada por 3 magistrados que deberán valorar si el Pleno de esta institución debe o no pronunciarse sobre el tema.

Un eventual fallo negativo del TC no solo impediría la entrega de la anticoncepción oral de emergencia como parte de la atención regular de planificación familiar. También afectaría a las víctimas de violencia sexual, quienes deben recibir esta píldora como parte del kit de emergencia para prevenir embarazos forzados.

UNA SENTENCIA
DISCRIMINATORIA

La decisión del TC desconoció la evidencia científica de la Organización Mundial de la Salud que señala que “las píldoras anticonceptivas de emergencia no son eficaces una vez que ha comenzado el proceso de implantación y no pueden provocar un aborto” (OMS, 2016). Asimismo, su fallo fue contradictorio con un fallo previo que el mismo TC había emitido sobre el mismo tema en el 2006, a través del cual había ordenado la distribución de las pastillas.